“Las
casas de ‘pique’ se mantienen”. “Persisten los homicidios, el desplazamiento y
el boleteo”. “La militarización no es la solución”. “La situación es igual,
casi peor en los barrios”. “Existen situaciones y versiones encontradas”.
Estas
frases reflejan lo que pasa actualmente en el municipio de Buenaventura, en la
costa Pacífica, luego de la “intervención especial” el ocho de marzo pasado por
parte del Gobierno del Presidente Juan Manuel Santos, quien desplegó cerca de
900 uniformados en el Puerto para frenar
los asesinatos, descuartizamientos y desapariciones forzosas que en lo corrido
del 2014 aumentaron de manera alarmante en esta margina población del
departamento del Valle del Cauca.
Mientras
el comandante de la Policía en el Distrito de Buenaventura, coronel José Miguel
Correa, asegura que en los últimos trece días (del 3 al 15 de mayo) no se han
presentado homicidios y que tienen en su poder a tres hombres implicados en los
desmembramiento de personas; habitantes del Puerto, la iglesia, el sector
empresarial y organismos de derechos humanos, sostiene que la situación no ha
cambiado y que por el contrario se torna más grave.
Natalia
Ocoró, de la Red de mujeres contra los feminicidios en Buenaventura, asegura
que los asesinatos se mantienen, la situación de “pique” se mantiene y que el
“Plan de Choque” es un asunto coyuntural.
Por
su parte, el sector empresarial del Puerto, a través del presidente de la
Cámara de Comercio de Buenaventura, Alexander Micolta, sostiene que a pesar de
que a avanzado en capturas y existe una mayor confianza de la comunidad con la
militarización de la ciudad, persisten los casos de homicidios, desplazamientos
y boleteo.
A su
turno, la coordinadora de la mesa de victimas de Buenaventura, Obdulia
Valencia, y quien actualmente se encuentra amenazada de muerte, asegura que la
militarización no es la solución y que gente en la calle se pregunta: ¿qué
pasará cuando se vaya la Fuerza Pública?
Para
el sacerdote José Adriel Ruiz, de la Comisión de Vida y Paz de la iglesia católica
de Buenaventura, la situación es igual y casi peor en los barrios de baja mar.
Para el prelado, con las medidas adoptadas no se está resolviendo el problema
de fondo en el Puerto.
Precisamente,
ante la serie de situaciones y versiones encontradas de lo que pasa en el
Puerto de Buenaventura, este lunes 19 de mayo, la Defensoría Regional del
Pueblo, a través de su titular Carlos Hernán Rodríguez, adelantará una
Audiencia con la comunidad, para conocer el grado de cumplimiento e
incumplimiento del Gobierno Nacional, con lo prometido en materia social para
combatir la violencia.
Es
tan grave situación que se vive en el Puerto de Buenaventura, por donde se
mueve el 60 por ciento del comercio exterior colombiano, que recientemente el
propio director de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, viajo a la zona y
recorrió varios sectores del municipio para conocer con sus propios ojos lo que
sucede en esta población.
José
Miguel Vivanco resaltó la necesidad de generar verdaderas políticas
institucionales para contrarrestar la violencia en esta zona de Colombia.
“Lamentablemente
los hechos de inseguridad en Buenaventura continúan y los índices de violación
a los derechos humanos son muy altos, quizá los más altos del país, por eso
venimos a conocer la perspectiva y el Plan de Acción del gobierno departamental
en lo que concierne al Puerto”, agrego Vivanco.
Vivanco
reconoció que ha habido un reforzamiento en la presencia de Infantería de
Marina en el Puerto: “creo que se ha incrementado la confianza de la comunidad
pero esa presencia debe traducirse en el control de la mafia para que no
continúen las desapariciones forzadas ni
los asesinatos. Se hace urgente
incrementar el número de fiscales en ese Municipio para atender aproximadamente
995 investigaciones sobre las desapariciones y violencia en general.”
Buenaventura
en números
En
el más recientemente informe del Comité Interinstitucional Humanitario de
Buenaventura, para la Sala de Situación Humanitaria Colombia, Ocha, asegura que a
pesar
de las alertas tempranas y de las denuncias realizadas, la violencia armada
sigue teniendo graves consecuencias sobre Buenaventura.
En
octubre de 2012, cerca de cinco mil personas se desplazaron en la zona urbana
del municipio. Una emergencia similar se presentó en noviembre de 2013, cuando
se desplazaron cerca de seis mil personas. En 2014, la situación humanitaria
del municipio se sigue deteriorando, nuevos casos de desplazamiento masivo se
presentaron en la zona rural y sigue en aumento la cifra de personas desplazadas
de forma individual.
En
los primeros meses de 2014, investigaciones revelaron la crueldad de los
crímenes que ocurren en Buenaventura. El incremento del pie de fuerza en la
zona y la intervención administrativa del nivel nacional, fueron algunas de las
medidas adoptadas para dar respuesta urgente a la situación.
Para
la Sala de Situación Humanitaria Colombia, Ocha, el plan de respuesta anunciado
para Buenaventura por el Presidente Santos el ocho de marzo pasado, busca
atender una situación que ha sido reportada por la Defensoría del Pueblo, Acnur
y Acnudh desde antes de 2012.
Mientras
algunas autoridades locales no reconocían el problema, en 2012 se presentaron
132 homicidios en Buenaventura y 162 en 2013.
La
impunidad es una preocupación esencial: a finales de 2013 se habían abierto
1.200 planes metodológicos de investigación con sólo diez fiscales, y sólo un
investigador del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) dedicado a homicidios;
recursos logísticos insuficientes; retrasos en la identificación de víctimas
por la falta de un laboratorio forense local y la falta de operaciones
concretas en contra de las estructuras criminales.
Entre
otros retos se encuentran la débil coordinación institucional; la baja
participación de instituciones -exceptuando a la Policía (Sijin)- en los
espacios relacionados con la búsqueda de desaparecidos; deficiencias en
provisión de asistencia y albergue a víctimas; la falta de consulta previa en
proyectos de vivienda; baja calidad de la educación y las limitadas opciones
para jóvenes; la invisibilización de la violencia sexual; y la escasa presencia
de la fuerza pública en los barrios.
Es
necesario reforzar la vigilancia del gasto público, incluyendo el tema de
atención a víctimas del desplazamiento forzado. También es esencial mayor
compromiso por parte del sector privado para la generación de empleo
sostenible.
Mujeres
asesinadas 2014
WENDY VANESA QUIÑONES
MAYDIS RENTERIA GARCIA
MARISOL MEDINA ARBOLEDA
MARIA FERNANDA DE LA ROSA SEGURA
MARI JENNY ORTIZ CAMACHO
CLARA EMILSEN ANGULO
YAMILET BARAHONA
EMILSEN ANGULO
GLORIA STEFANIA BRANDO SALAZAR
Durante
el periodo junio a diciembre de 2013, fueron hallados en Buenaventura nueve
cuerpos desmembrados.
En
el Valle del Cauca fueron asesinadas en el 2013, un total de 250 mujeres del
total de 996 a nivel nacional, constituyéndose en el Departamento con la más
alta cifra de asesinato contra mujeres.
De
enero a marzo 11 de 2014, según el Instituto de Medicina legal se registraron
949 homicidios en el Valle del Cauca.
INFORME EN AUDIO
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