‎"A mi hijo me lo mataron. Tiene que ser los paras"

Luego de recorrer el corregimiento de Cisneros y la Vereda Playa Larga, en la vía en la vía que de la Capital del Valle conduce a Buenaventura, colocando cruces en donde las Autodefensas Unidas de Colombia, AUC, masacraron a más de 50 personas hace diez años, se llega a la Vereda La Delfina, en donde por las obras de la doble calzada no se puede colocar la tercera cruz, para recordar a tres hombres asesinados.

De allí nos trasladamos a La Vereda El Salto para clavar la cuarta cruz al lado de una casa de la ladrillo en donde se encuentra María Dolores Moreno, otra afrodescendiente a quién los paramilitares del Bloque Calima, asesinaron a su hijo Jesús María Moreno, cuando se encontraba con un amigo.

“A mi hijo me lo mataron. Tiene que ser los paras. Uno como madre no se da cuenta de las cosas. El andaba tomando ese día y le habían dicho que no se montara en una moto con un muchacho que andaban persiguiendo, y él como era amigo de él, pues se monto. Primero le dieron al muchacho de la moto y cuando mi hijo empezó a gritar: auxilio, auxilio, me mataron a mi compañero, entonces regresaron y le dieron a él”, relata María Dolores.

Esta mujer, como muchas que vivieron en carne propia la muerte de sus seres queridos, el dolor lo expresan con “alabaos” para recordar a sus seres queridos.

“El mío si lo encontraron y lo enterré en Cisneros. Eso fue el 13 de Octubre del 2002Dios tiene que proveer por todo lo que esta pasando. Que el meta sus brazos”.

Como en cada parada, antes o después de colocar una cruz, una persona de la Caravana habla sobre la importancia de recordar a las víctimas.

“Esta cruz es símbolo de muerte, pero también de memoria. Con esta cruz construimos memoria. Traemos al presente las vejaciones que se cometieron en el pasado contra el pueblo de la vía Alejandro Cabal Pombo - Dagua – Buenaventura, para recordar lo que sucede en nuestro país, que nos están matando nuestros campesinos, indígenas, obreros y nuestros estudiantes, para decir no más. Para no dejar en el sinsentido, el sentido de lo que somos. Para reivindicar la vida, para no olvidar, para recordar que el Estado Colombiano patrocina estos actos con la impunidad que suscitan, con la injusticia que promueve, con los crímenes que comete, con los crímenes que permite, con la consigna que fomenta y defiende, hay que olvidar lo que nos hace sentir vergüenza, para todo esto aquí estamos, rememorando nuestra historia. Presente, presente, presente.”

Entre el año 2000 y su desmovilización en 2005 las Autodefensas Unidas de Colombia, AUC, realizaron al menos 70 masacres, dejaron centenares de víctimas, produjo el desplazamiento de más de 20 mil personas, asesinó de manera selectiva a 400 líderes sindicales, cívicos, docentes y campesinos, y en la actualidad se cree que existen más de 400 fosas comunes con víctimas del Bloque.

"Cuando oímos los tiros, y ahí estaba tiradito junto con otro señor"

Es una mañana gris y nublada. Es un Domingo día de mercado. A pocos metros del Corregimiento de Cisneros, sobre la vía que comunica a Cali con el Puerto de Buenaventura, se llega a una humilde vivienda de la Vereda Playa Larga, en donde una mujer -con un machete en la mano- espera la caravana por la vida y la memoria.

Se trata de Cristina Bejarano, una mujer a quién el Bloque Calima de las Autodefensas Unidas de Colombia, le mató a su hijo Jesús Elides Córdoba, junto con tres hombres más el 17 de Diciembre del año 2000.

Al lado de la casa, de color verde y a 200 metros del Río Dagua, se encuentra lista la segunda cruz, con un jarrón con dalias color naranja y tapada con un mantel blanco.

Doña Cristina, que sigue con el machete en la mano, señala a lo lejos el sitio en donde fue asesinado su hijo.

“Allá en la curvita, en los Tres Chorros murió mi hijo. Cuando oímos los tiros, el primerito que salió fue el papá y la hermana, y ahí estaba tiradito junto con otro señor y un herido que posteriormente murió en Cali”, relata Cristina.

Al preguntar porqué las AUC mataron a su hijo, Doña Cristina asegura que cree que fue por envidia.

“Mi hijo era un hombre que le gustaba trabajar. No le gustaban los problemas. Yo digo que fue por envidia porque el no era guerrero o que tenía enemigos con la gente no. Sino por envidia”, recalco.

Como grave, calificó doña Cristina, la muerte de su hijo y de las otras personas a manos de los paramilitares.

“Yo veo esto como grave. Porque gente que no tenga culpa, no tenga enemigos y como ellos bajaban haciendo tiros y mataban, pues ahí pasó eso. Mataron muchos jóvenes, ese día”, reveló.

Cristina, asegura que le tocado criar los tres niños que él dejo. Una niña y dos niños barones.

“Yo los he criado dándole escuela. Llevo cuatro años guerreando sola. Mi hijo tenía un negocio de comida y venta de licor, con el que sostenía a los niños y a mí. Mi esposo lo mató un carro hace 4 años. Yo estoy enferma. No me puedo agachar porque el especialista me dijo que tenía la columna desgastada y si se me reventaba quedaba en silla de ruedas o me moría, pero tengo que trabajar”.

Según relatan los pobladores de este sector de la Vereda Playa Larga, vía al Puerto de Buenaventura, el 17 de diciembre de 2000, los paramilitares pasaron en una camioneta matando a quién se encontraba, entre ellos Jesús Elides Córdoba, junto con Didier Leiva, Martín Alonso Echavarría y Roberto Riascos.

Hoy, diez años después, las cuatro muertes siguen impunes.

"Ahí esta la pregunta del millón. ¿Por qué los mataron?"

“Saludos compañeros y compañeras. Compañeros de lucha, de sufrimiento. Víctimas igual que nosotros.

Hoy estamos aquí en conmemoración de los diez años de la masacre ocurrida en esta zona. Diez años de impunidad, diez años con sabor a inmunidad. Diez años de impotencia, diez años de agonía, pero no olvidamos, pero no perdonamos, porque esto fue una barbarie estos crímenes a campesinos trabajadores que sólo querían vivir. Porque esto es duro, cuando te desaparecen tú hijo. Es duro cuando te masacran a tú marido, es duro cuando tú hijo aparece asesinado en la calle, amarrado y torturado. Es duro cuando te masacran los papas de tus hijos, cuando trabajan aserrando y todos son masacrados a machete y bala. Es duro cuando tú, como padre, ves matar a sus hijos. Y la impunidad presente, ella nos ve, ella se ríe, ella goza, se siente feliz. Pero nosotras las víctimas tenemos la esperanza que por medio de Dios, algún día se hará justicia, aunque ella sea ciega, sorda y muda. Tenemos la esperanza de que la verdad brillara. Son diez años de impunidad, ¿cuántos faltan? Gracias”

Con estas palabras, leídas con voz entrecortada por María Victoria Plazas en el Corregimiento de Cisneros, sobre la carretera que comunica a Cali (Capital del Valle del Cauca), con el Puerto sobre el mar pacífico colombiano, se inició la Caravana por la Vida y la Memoria, para conmemorar los diez años de las masacres cometidas por las Autodefensas Unidas de Colombia, AUC, en la vía Alejandro Cabal Pombo-Dagua-Buenaventura.

La marcha, liderada por el Grupo de Mujeres de Triana (Vereda) - luciendo en sus cabezas turbantes blancos y negros y camisetas con fotos de sus seres queridos asesinados - y el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado, Movice, recorrió 14 sitios a los largo de la vía, colocando igual número de cruces para recordar a las víctimas y hacer un llamado para que los crímenes no sigan impunes.

Cisneros, Playa Larga, La Delfina, El Salto, Katanga, Yanaconas, La Invasión, La Machaca, Triana, Bendiciones, El Cafetal, el Puente de Zaragoza, Córdoba y el Barrio Las Palmas, en Buenaventura, fueron los sitios que recorrieron los familiares de más de 50 personas -entre hombres y mujeres- que fueron asesinados en grupos de siete por integrantes del Bloque Calima de las AUC, que lideró José Éver Veloza, alias “HH”, hoy extraditado a los Estados Unidos.

La Caravana, que partió a las nueve de la mañana y culminó a las seis de la tarde, se inició frente a un letrero que dice “Granero San Marino” y al lado de un poste de energía, ubicado en el Corregimiento de Cisneros, en donde fue colocada la primera cruz, de las catorce que se clavaron en la vía, como símbolo de memoria.

Las cruces, tapadas con telas blancas (antes de ser descubiertas), estaban acompañadas con improvisados jarrones con margaritas o dalias y con un letrero que reza: “Por la vida y la memoria de las víctimas de la vía Cabal Pombo-Dagua-Buenaventura”.

Una vez se llegaba a una cruz, los familiares de las víctimas la descubrían y con una oración y alabaos (cantos corales de alabanza o exaltación religiosa ofrendados a los santos) se iniciaba el rito que no duraba más de diez 20 minutos.

Pedro Celestino Viafará, un maestro de construcción, fue uno de los cinco hombres asesinados en un recorrido de muerte que llevaron a cabo los paramilitares el 26 de agosto de 2000. Su esposa, María Victoria Plaza, diez años después se sigue preguntando porqué lo mataron.

“Ahí esta la pregunta del millón. ¿Por qué los mataron? Así como pasó desde el principio, así estamos hoy. Desde aquí (Cisneros) hasta Buenaventura HH masacró a todo mundo. No se sabe a ciencia cierta quién le pago, pero como se fue para Estados Unidos por eso tiene sabor a impunidad”.

Victoria, al preguntarle sobre cuántas personas habría asesinado HH, invoca a Dios

“Hay Dios mío. Yo creo que si fueron cien personas, fue poquito, porque hay unos que no tenemos los datos”.

Para esta mujer, la impunidad por las masacres, sigue a flor de piel.

“No pasa nada con nuestras víctimas. Cuando son familias de pobres”, puntualizó.

"Colombia ha vivido un holocausto", dice autor de obra sobre Masacre de Trujillo

(*) Àlex Cubero

Pese a ser autor de una obra teatral sobre la masacre de Trujillo, donde fueron asesinadas 342 personas a manos de narcotraficantes y paramilitares entre 1986 y 1994, a Humberto Dorado aún se le entrecorta la respiración al hablar sobre un hecho que evidencia que "lo que Colombia ha vivido es un holocausto".

Hace ya tres años que este escritor y actor colombiano empezó a sumergirse a fondo en la historia de la barbarie en aquel municipio campesino del suroeste de Colombia, donde más de tres centenares de personas murieron a manos de narcotraficantes y paramilitares, en connivencia con la Fuerza Pública.

Transcurridas dos décadas, la expectación envuelve el estreno hoy en Bogotá de la obra teatral "El deber de Fenster", escrita por Dorado y Matías Maldonado, y dirigida por Nicolás Montero y Laura Villegas.

En una entrevista, Dorado explicó cómo la violencia ha sacudido de tal modo a su país que es necesario hablar ya de un genocidio, que no obstante la sociedad ha olvidado.

"En este país tenemos que reconocer que uno de los fenómenos más frecuentes y más atroces es la masacre. Tenemos que asumirlo y estudiarlo, y no sólo a través del dolor de las víctimas y la reparación, sino también a través de nosotros mismos", aseveró.

Ese es el proceso que recorre el protagonista principal de la obra, Edel Fenster (Jairo Camargo), un editor ficticio que recibe el encargo de armar un documental sobre aquel horrible episodio.

Metáfora de la sociedad colombiana, Fenster inicia una travesía emocional a través de testimonios reales, notas periodísticas y documentos históricos, vertebrados a partir de la declaración manuscrita de Daniel Arcila (Daniel Castaño), testimonio de aquel suceso que los fiscales invalidaron por supuesta enajenación mental y quien desapareció después, presuntamente asesinado.

Con una copia del manuscrito de Arcila en las manos, Dorado se preguntó: "¿Cómo es posible que una sociedad tolere, azuce, estimule y alimente la violencia? Me parece una enfermedad, siento que estamos hundidos en un fango de mentiras, en un mar de impunidad", lamentó.

A su juicio, la obra relata "la lucha de la palabra contra el infierno", y trata de demostrar cómo la sociedad sobrevive a partir de olvidar casos como el de Trujillo, donde se produjo una serie de desapariciones forzadas, torturas, homicidios selectivos, detenciones arbitrarias y masacres.

Una localidad que padeció la crueldad extrema en forma de asesinatos, violaciones y torturas para amedrentar a la población, cuyo silencio sólo se rompía con el sonido de las motosierras con las que descuartizaban en vida a campesinos sospechosos de colaborar con la guerrilla y cuyos cuerpos mutilados eran arrojados al río Cauca, llamado el "cementerio clandestino"

Aunque el Estado colombiano fue condenado en 1995 por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), lo que obligó al entonces presidente, Ernesto Samper, a pedir excusas públicas, la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación (CNRR) sigue denunciado la impunidad y la ausencia de un fallo condenatorio por esos crímenes.

"La obra -apuntó Dorado- es un tobogán de emociones desde el horror a la vergüenza, la ternura y el dolor" y que, sin entrar en el morbo, pretende "ser fiel a aquel horror".

A su entender, "una sociedad tiene que saber dónde están sus muertos. (...) Aquí tenemos un problema con los muertos, las fosas comunes y los desaparecidos, y el caso de Trujillo tiene todos los componentes que se repitieron durante veinte años y que seguirán repitiéndose si la sociedad no reacciona".

"No queremos herir o hacer daño, pero puede haber gente indignada y puede crear controversias", reconoció Dorado, que sin embargo recordó que es "absolutamente necesario que un pueblo se conozca a sí mismo, aunque esa verdad duela".

(*) Agencia EFE

De 20 a 30 menores son detenidos mensualmente en Cali por delitos

En medio de la polémica que ha generado el proyecto de la Senadora Gilma Jiménez, que busca que los menores entre los 14 y los 18 años paguen condenas entre los 6 y 15 años por delitos como homicidios, abuso sexual, hurto calificado, extorsiones y secuestros, en Cali, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, reveló que en promedio las autoridades están capturando entre 20 y 30 jóvenes infractores al mes.

El Director Regional de la entidad, John Arley Murillo, reveló que hay días en la ciudad en que se detienen entre cinco y ocho menores, dependiendo de los operativos, capturas y redadas que realizan la Policía Metropolitana de Cali, en diferentes sectores de la Capital del Valle.

La edad de estos jóvenes infractores, en su mayoría son de 15 a 16 años (hay que tener en cuenta que los menores que ingresan al Sistema de Responsabilidad Penal, son mínimo de 14 años como lo establece el Código de Infancia y adolescencia).

“Los delitos que más cometen los jóvenes en Cali son el hurto calificado y hurto simple. Son detenidos también por el porte ilegal de armas y porte ilegal de estupefacientes”, anotó John Arley Murillo.

Actualmente están recluidos en el Centro de Formación Valle del Lili, al sur de la ciudad, 255 menores, de los cuales 14 son niñas. Hay jóvenes que están condenados a seis (6) meses y otros a cuatro (4) o cinco (5) años por diversos delitos.

A estos menores, durante su detención Bienestar Familiar, les adelanta un proceso pedagógico del orden re-educativo. Son vinculados nuevamente al Sistema Educativo Escolar, son objeto de una intervención por parte de sicólogos, vinculados a actividades deportivas y lúdicas, así como a talleres y cursos de formación técnica dictados por el Servicio Nacional de Aprendizaje, Sena.

“Hemos graduado 46 jóvenes en primaria, bachillerato y en técnicos del Sena. Son jóvenes que salen a la calle con una formación profesional que les permita vincularse al mercado laboral y producir recursos de manera licita”, reveló el Director Regional de Bienestar Familiar.

Menores de 14 años infractores

En Cali es común ver a niños de escasa edad cometiendo todo tipo de delitos. Estos son utilizados en su mayoría por adultos ya que el Código de Infancia y Adolescencia establece que niños menores de 14 años no son imputables penalmente.

Esto ha llevado al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar en el Departamento del Valle, a crear un sitio especial para albergar a estos niños infractores.

Se trata del Centro “Agua Clara”, ubicado en zona rural del Municipio de Palmira, en cercanías a la población de Pradera, en donde son remitidos los niños detenidos por cometer hurtos menores y hurto simple.

En esta institución de protección, con una capacidad para 50 niños, actualmente están recluidos 35 niños, a quienes se les adelanta un trámite de restablecimiento de derechos, y no un trámite penal, en donde -dependiendo de la voluntad del padre de estar con su hijo, se adelanta un proceso para poder recuperarlo- a veces los niños son declarados en adaptabilidad y quedan al cuidado de Bienestar Familiar hasta que tenga la mayoría de edad.

Buscan endurecer las penas a menores

La senadora Gilma Jiménez presentó ante el Congreso de la República un proyecto que busca que los menores entre los 14 y los 18 años paguen condenas entre los 6 y 15 años por delitos como homicidios, abuso sexual, hurto calificado, extorsiones y secuestros.

“Estos adolescentes van a tener que pagar esa pena en una cárcel especial, donde la sociedad les ofrezca una oportunidad mediante un proceso de resocialización, pero no vamos a continuar viendo como producto de un discurso bien intencionado pero irresponsable estamos generando un efecto perverso y es que cada vez más con mayor frecuencia nuestros adolescentes están cometiendo delitos muy graves” puntualizó Jiménez.

Según la senadora del Partido Verde, en la actualidad las penas para los menores que cometen graves delitos están determinadas por la edad y no por la gravedad de los delitos.

Por día llegan de cuatro a cinco heridos por arma de fuego a Hospital de Cali

En momentos en que Colombia vive una escalada de ataques de la guerrilla de las Farc, contra agentes de la Policía y el Gobierno del Presidente, Juan Manuel Santos, decidió “tomarse” una de las comunas más violentas de la ciudad de Medellín, la 13, para combatir la violencia que se genera por parte de los llamados “combos”, en Cali, Capital del Valle del Cauca (la tercera ciudad más importante del país, después de Bogotá y Medellín) la situación de violencia sigue su camino.

Para la muestra, un botón. En Hospital Universitario del Valle -uno de los más importantes del sur occidente de Colombia- en los últimos seis (6) meses, se están recibiendo un promedio cada día, de cuatro (4) a cinco (5) heridos por arma de fuego.

La preocupante cifra fue revelada por el Jefe de la Unidad de Trauma y Reanimación del Centro hospitalario, Laureano Quintero, uno de los médicos que conoce de primera mano la violencia que se genera en Cali en todas sus manifestaciones.

Para el galeno, esta cifra no se contemplaba hacía mucho tiempo en Cali, la cual justifica unas medidas de fondo, permanentes y constantes frente a lo que esta pasando en la ciudad.

“Pidiendo respeto por la realidad -porque parece que a la gente de la autoridad le molestará que uno expresara esa cifra- hay verdades inocultables que uno debe manejar a ciencia cierta sobre Cali. Las estadísticas de la violencia y los homicidios en la ciudad, son estadísticas que muestran una situación muy complicada y que no están bajo control ideal”, advirtió el médico.

Laureano Quintero, sostiene que sea cual sea la determinación de la autoridad municipal –de solicitar o no la intervención del Gobierno Nacional, así como lo hizo en Medellín- se debe manejar una Política Integral de Seguridad que cambie el escenario que vive Cali en materia de violencia.

“Las estadísticas oficiales, que se han divulgado repetitivamente, muestran que tenemos una cifra inaceptable de homicidios e inaceptable de personas que están siendo víctimas de heridas por arma de fuego y armas cortopunzante en la ciudad”, recalcó Laureano.

Desde el punto de vista de los grupos que han estado estudiando la situación de violencia en Cali, desde la academia y la realidad hospitalaria, el Jefe de la Unidad de Trauma y Reanimación del Hospital Universitario del Valle, considera que el primer paso es una Política Integral de Seguridad para la ciudad, la cual –en su concepto- no ha existido hasta ahora.

A su juicio, esa política debe ser continúa y seria y no “saltatoria”, es decir no cambiar el horario de *Ley Zanahoria y de porte de armas cada rato, lo cual es –definitivamente- necesario para la ciudad, que maneja un promedio de los fines de semana de diez (10) personas asesinadas por diferentes causas, en su mayoría por armas de fuego.

“En Cali estamos viviendo cifras inaceptables de lesionados por armas de fuego en múltiples circunstancias muchos días de la semana, pero significativamente después de las doce de la noche y las madrugadas y marcadamente los fines de semana, especialmente en situaciones de riñas y asociadas frecuentemente con el efecto del licor”, resalto Laureano Quintero.

Para el médico, a nivel municipal es fundamental que haya una Política Integral pero que no sea reactiva frente a casos como: “si unos travestis mataron un señor, prohibir los travestis o si un señor tumbo un poste, prohibir los postes, sino algo absolutamente integral y que obedezca a todo lo que esta ocurriendo”.

Laureno Quintero puntualizó que ese paquete de medidas integrales y constantes en Cali, es la única garantía de que las cosas puedan cambiar.

Continúa reducción de homicidios, asegura Gobierno caleño

Por su parte, el Gobierno de Cali, asegura que en lo que va corrido de Septiembre del presente año, el número de muertes violentas en la ciudad bajó en un 17 por ciento y siguen siendo los fines de semana los días de mayor ocurrencia de homicidios.

El promedio de muertes violentas diarias en la ciudad este año alcanza los cinco casos, en Septiembre ese promedio bajó a tres. La reducción real de homicidios comparando los primeros 13 días del mes de septiembre de 2009 y 2010, es ocho decesos menos.

(*) Ley Zanahoria es el horario que rige en las discotecas de Cali entre lunes y domingo.

Crímenes de periodistas de Valle, Antioquia y Tolima, continúan impunes

Durante esta semana se conmemoró el asesinato de los periodistas Javier Darío Arroyave y Lides Renato Batalla, del Departamento del Valle del Cauca; Martín Eduardo Múnera, de Antioquia, y Carlos José Restrepo Rocha, de Tolima. Sus crímenes se mantienen en la impunidad después de varios años de haber ocurrido.

Javier Darío Arroyave
El periodista fue asesinado el cuatro de septiembre de 2007 en la ciudad de Cartago, Valle del Cauca. Arrovaye era conductor de noticias de la emisora ‘Ondas del Valle’ y director del espacio ‘Cómo les parece’, de esa misma radio estación. El comunicador fue encontrado muerto en su residencia con diez puñaladas en el pecho y en el abdomen. Según informaron las autoridades en ese momento, al parecer tres sujetos ingresaron sin violentar la puerta y asesinaron a Arroyave, además de hurtar su computador portátil.

Hasta la fecha, el proceso judicial por el crimen del periodista continúa en etapa preliminar, sin que haya habido ninguna persona sindicada.

Lides Renato Batalla

El 7 de septiembre de 1984 fue asesinado el director y fundador del diario 'La Batalla'. Desconocidos le dispararon en frente de su residencia en la ciudad de Buenaventura, Valle del Cauca. Lides Renato también trabajaba para ‘Radio Buenaventura’ y era gestor de campañas cívicas en el municipio, razón por la cual era una personalidad reconocida y apreciada por los bonaerenses. Su crimen está relacionado con investigaciones que realizaba sobre corrupción administrativa y tráfico de drogas en el puerto de Buenaventura.

No se conocen avances judiciales en la investigación de su homicidio.

Martín Eduardo Múnera

Múnera, locutor de ‘Radio Reloj’, emisora afiliada a la cadena Caracol, fue asesinado en Medellín, Antioquia, el siete de septiembre de 1994. Un sujeto sin identificar le inyectó cianuro en el cuello, en momentos en que viajaba en un bus.

No son claros los motivos del crimen, pero no se descarta que sea por razones de oficio periodístico. Múnera también se desempeñaba como vicepresidente nacional del Sindicato de Trabajadores de Caracol.

El caso continúa en la total impunidad, de hecho, no aparece el archivo de la investigación judicial en la Fiscalía.

Carlos José Restrepo Rocha

El crimen del comunicador ocurrió el siete de septiembre de 2000, en el municipio de San Luis, departamento del Tolima. Fue secuestrado y asesinado por presuntos paramilitares que lo señalaron de tener supuestos vínculos con guerrillas colombianas. Restrepo Rocha era periodista del periódico ‘ElTangente’ y la emisora ‘Señal San Luis’.

En la investigación judicial se dictó resolución de acusación contra el señor Ricaurte Soria Ortiz, como presunto autor material del crimen. No obstante, aún no ha sido proferida su condena y se desconoce la identidad de los autores intelectuales del hecho.

La Fundación para la Libertad de Prensa, Flip, hace un llamado a la Fiscalía General de la Nación y la justicia en general, para que continúe con las investigaciones correspondientes y sean encontrados y castigados los responsables. Para la FLIP es preocupante que, después de tantos años, los crímenes de estos periodistas continúen impunes.

Como lo ha manifestado en otras ocasiones, la Flip ve con preocupación la impunidad que impera en los casos de asesinatos de periodistas en Colombia, cuyo número asciende a 136 casos por razones de oficio en los últimos 33 años (la cifra más alta en Latinoamérica), según cifras de la Flip.

La Flip continuará haciendo seguimiento a los procesos judiciales del caso, con miras a exigir al Estado la pronta condena de los asesinos.